21 de mayo de 2011
20 de mayo de 2011
Sobre Renta Básica
Como la mayoría de vosotr@s ya sabréis, desde hace ya varios meses (por no decir años) las personas que perciben algún tipo de prestación social en la Comunidad Autónoma Vasca —el antiguo IMI-Renta Básica, actualmente Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) o las Ayudas de Emergencia Social (AES)— vienen sufriendo continuos ataques a su derecho a disponer de una renta mínima para subsistir. El hito lo marcó seguramente el intento por parte de las diputaciones forales, a instancias de la consejera Gemma Zabaleta, de retirar de manera ilegal la prestación a 6.262 unidades de convivencia el pasado mes de diciembre. Pues bien, aunque en aquella ocasión la movilización de las personas afectadas consiguió obligar a las instituciones a dar marcha atrás en esa medida totalmente injusta e ilegal, las agresiones y las suspensiones indiscriminadas de la RGI por los más diversos motivos han continuado desde entonces, y en concreto:
1. Siguen los cruces de datos mensuales entre Lanbide y las diputaciones forales, a pesar de que Lanbide borró “por error” en marzo los datos (currículo, vida laboral, antigüedad, etc) de miles de personas. En concreto, a finales de abril y principios de mayo centenares de personas han recibido en Bizkaia una carta informándoles de que en el cruce de datos de marzo no figuraban inscritas como demandantes de empleo. Hasta ahora Lanbide está reconociendo en la mayoría de las oficinas que todo se debe a su “error”, y lo está solucionando todo con un certificado que después las personas afectadas deben llevar al Servicio de Lucha contra la Exclusión (Nicolás Alkorta, nº 4), como explicamos aquí: http://argilan-esk.org/?p=992.
2. Cada 15 días aparecen en el Boletín Oficial de Bizkaia (B.O.B.) anuncios dirigidos a centenares de personas perceptoras a las que, supuestamente, se ha enviado una carta a su domicilio que no han recogido, anuncios que suelen ir seguidos de la suspensión de la prestación. Normalmente se trata de personas que han cambiado de domicilio en los últimos meses o años, aunque cada vez nos encontramos más casos de personas que no se explican cómo o por qué no han recibido esas cartas, y nos consta que al menos en uno de los casos ni siquiera se ha intentado enviar la carta por correo, sino que directamente se le ha notificado a través del B.O.B. Hay más información aquí: http://argilan-esk.org/?p=957
3. En el caso de Bilbao, cada vez son más las suspensiones basadas en informes falsos y sin ningún tipo de valor legal elaborados por la Policía Municipal. Ayer mismo, varios colectivos sociales denunciamos esto ante los medios de comunicación y ya se ha presentado una queja formal ante el Ararteko, pero en caso de que los nuevos responsables municipales no den marcha atrás en esta práctica totalmente ilegal, nos plantearemos acudir al juzgado para poner una denuncia por prevaricación contra los responsables de esta “Gestapo” del Negociado de Control e Inspección del Ayuntamiento de Bilbao. Más información sobre estos informes y los argumentos y sentencias judiciales que demuestran que son ilegales: http://argilan-esk.org/?p=1031
4. Por su parte, el Servicio de Lucha contra la Exclusión de la Diputación Foral de Bizkaia sigue incumpliendo la ley —como lo ha hecho en los últimos 20 años— en todo lo referido a las suspensiones, en concreto: no respetan para nada el procedimiento (no dan plazo para presentar alegaciones, y cuando lo hacen suspenden antes de responder a esas alegaciones), no argumentan ni justifican esas suspensiones, sancionan con suspensiones superiores al mes incumplimientos que como mucho sólo deberían suponer un mes de sanción, etc. Otro tanto con los plazos para conceder las solicitudes, que en teoría deberían ser de dos meses, pero esta misma mañana en Nicolás Alkorta estaban diciendo a la gente que deberían esperar seis meses hasta que les sea concedida la RGI. Ante todos estos incumplimientos, insistimos en la necesidad de presentar recursos y escritos, y sobre todo de ir después con ellos a la oficina del Ararteko a interponer una queja, pues si no denunciamos públicamente estos atropellos a los derechos ciudadanos —y la función del Ararteko es precisamente esa—, todas estas ilegalidades quedan “en casa” y sólo las conocemos la Diputación, las personas perceptoras y las plataformas que tratamos estos temas. Además, en la medida en que se acumulen las quejas ante el Ararteko y en caso de que la Diputación se empeñe en seguir incumpliendo la ley, se abre la puerta a que podamos poner una denuncia por prevaricación contra la Diputación con mayores posibilidades de que sancionen a sus responsables retirándoles del cargo. En la página web de Argilan podéis encontrar un montón de información sobre cómo poner las alegaciones o recursos, modelos, etc.
5. Cuidado con los sms o “mensajes al móvil” enviados por Lanbide. Esto es algo nuevo, pero mucho nos tememos que tengan la intención de utilizar esos mensajes como prueba de que se ha notificado algo —una oferta de trabajo, por ejemplo— y como justificación para posibles suspensiones. Ante la duda, mejor pedir que nos borren el número de móvil de la base de datos y que todas las comunicaciones que nos dirijan sean siempre por escrito y mediante correo certificado. Más información: http://argilan-esk.org/?p=1051
6. Campaña del Partido Popular, el Negociado de Control en Inspección del Ayuntamiento de Bilbao y el diario El Correo “contra el fraude” y para “quitar las ayudas a los inmigrantes”, y propuestas de los distintos grupos parlamentarios ante la próxima Reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos. Sobre lo primero, se ha creado un nuevo blog que tiene por objeto precisamente discutir todo ese tipo de campañas intoxicadoras basadas en mentiras y falsedades en torno al “fraude”, y que se aprovechan del desconocimiento generalizado que hay en la sociedad sobre estas prestaciones [ver el blog: http://mientequealgoqueda.blogspot.com/]. Sobre las enmiendas presentadas por los grupos políticos a la reforma de la Ley, ver el resumen en http://argilan-esk.org/?p=1047
7. El próximo día 16 de junio finaliza el periodo máximo de un año que el Decreto de la RGI daba a las terceras (o sucesivas) unidades de convivencia en una vivienda y quienes tenían algún bien inmueble (terrenos de herencias, etc) para que “regularicen” su situación. Todavía son muchas las personas que no han podido desprenderse de esos inmuebles (normalmente de muy escaso valor, pero que por eso mismo nadie quiere ni regalados) o no han podido encontrar otro domicilio donde empadronarse, sobre todo en Bilbo donde el mercado de «alquiler con derecho a empadronamiento» está saturado. Desde Argilan consideramos inconcebible que, sabiendo esto, no se plantee desde las instituciones ampliar esa moratoria ya que en caso contraria se podría dejar a miles de personas sin ningún tipo de ingreso. La solución sería tan sencilla como aceptar como suficiente un documento o certificado que demuestre que ese inmueble está a la venta o que se está esperando a que los servicios públicos de vivienda les consigan un alojamiento alternativo, e incluso considerar la posibilidad de recurrir, como se ha hecho en otras ocasiones, a un empadronamiento colectivo en los servicios sociales; en cualquier caso, nunca el dejar de la noche a la mañana sin la RGI a unas personas que no disponen de ninguna otra fuente de ingresos y no han incurrido en ningún tipo de irregularidad ni “fraude”.
8. Otros temas: Empresas de inserción, Lanbide eta Hizkuntza Eskubideak, Umbral de pobreza, corrupción y fraude fiscal, recortes en pensiones y servicios sociales, Bilbogune, etc… En las páginas web de los colectivos sociales (Argilan, Berriotxoak, Elkartzen, etc) podéis encontrar un montón de noticias más que, aunque no estén directamente relacionadas con las prestaciones, sí que lo están de manera más o menos indirecta, en tanto en cuanto van dirigidas a garantizar el mantenimiento de los servicios sociales y el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.
POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE: La información y la reflexión son necesarias, pero no sirven de mucho si no van unidas de la organización y la movilización. En este sentido:
Hacemos como siempre un llamamiento a ponerse en contacto y colaborar de alguna manera con cualquiera de los colectivos sociales que desde hace muchos años venimos peleando por el respeto del derecho fundamental a tener los recursos suficientes para una vida digna: Argilan (Bilbo), Berriotxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo. Además, la Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales se reúne todos los lunes a las 7h de la tarde en el centro cívico La Bolsa de Bilbao (c/Pelota, 10) y tiene un punto de información todos los miércoles de 11 a 12h. —y a veces también los días de pago— en Nicolás Alkorta, para informar a la gente que acude a preguntar por qué no ha cobrado, que lamentablemente suele ser mucha.
En cualquier caso, todo lo que está ocurriendo pone en evidencia el fracaso de un modelo de “garantía de rentas” que no sólo no las garantiza sino que genera multitud de injusticias y que se perpetúe la pobreza entre algunas personas. Por eso insistimos en la necesidad de abrir un debate en serio en nuestra sociedad sobre otro tipo de propuestas, como la propuesta de Elkartzen en torno al Umbral de Pobreza [ver http://elkartzenbilbo.blogspot.com/p/pobreziaren-muga.html] o la propuesta de una Renta Básica de Ciudadanía universal e incondicional [ver http://www.redrentabasica.org/]
Iñaki C. (Argilan - Bilbo)
1. Siguen los cruces de datos mensuales entre Lanbide y las diputaciones forales, a pesar de que Lanbide borró “por error” en marzo los datos (currículo, vida laboral, antigüedad, etc) de miles de personas. En concreto, a finales de abril y principios de mayo centenares de personas han recibido en Bizkaia una carta informándoles de que en el cruce de datos de marzo no figuraban inscritas como demandantes de empleo. Hasta ahora Lanbide está reconociendo en la mayoría de las oficinas que todo se debe a su “error”, y lo está solucionando todo con un certificado que después las personas afectadas deben llevar al Servicio de Lucha contra la Exclusión (Nicolás Alkorta, nº 4), como explicamos aquí: http://argilan-esk.org/?p=992.
2. Cada 15 días aparecen en el Boletín Oficial de Bizkaia (B.O.B.) anuncios dirigidos a centenares de personas perceptoras a las que, supuestamente, se ha enviado una carta a su domicilio que no han recogido, anuncios que suelen ir seguidos de la suspensión de la prestación. Normalmente se trata de personas que han cambiado de domicilio en los últimos meses o años, aunque cada vez nos encontramos más casos de personas que no se explican cómo o por qué no han recibido esas cartas, y nos consta que al menos en uno de los casos ni siquiera se ha intentado enviar la carta por correo, sino que directamente se le ha notificado a través del B.O.B. Hay más información aquí: http://argilan-esk.org/?p=957
3. En el caso de Bilbao, cada vez son más las suspensiones basadas en informes falsos y sin ningún tipo de valor legal elaborados por la Policía Municipal. Ayer mismo, varios colectivos sociales denunciamos esto ante los medios de comunicación y ya se ha presentado una queja formal ante el Ararteko, pero en caso de que los nuevos responsables municipales no den marcha atrás en esta práctica totalmente ilegal, nos plantearemos acudir al juzgado para poner una denuncia por prevaricación contra los responsables de esta “Gestapo” del Negociado de Control e Inspección del Ayuntamiento de Bilbao. Más información sobre estos informes y los argumentos y sentencias judiciales que demuestran que son ilegales: http://argilan-esk.org/?p=1031
4. Por su parte, el Servicio de Lucha contra la Exclusión de la Diputación Foral de Bizkaia sigue incumpliendo la ley —como lo ha hecho en los últimos 20 años— en todo lo referido a las suspensiones, en concreto: no respetan para nada el procedimiento (no dan plazo para presentar alegaciones, y cuando lo hacen suspenden antes de responder a esas alegaciones), no argumentan ni justifican esas suspensiones, sancionan con suspensiones superiores al mes incumplimientos que como mucho sólo deberían suponer un mes de sanción, etc. Otro tanto con los plazos para conceder las solicitudes, que en teoría deberían ser de dos meses, pero esta misma mañana en Nicolás Alkorta estaban diciendo a la gente que deberían esperar seis meses hasta que les sea concedida la RGI. Ante todos estos incumplimientos, insistimos en la necesidad de presentar recursos y escritos, y sobre todo de ir después con ellos a la oficina del Ararteko a interponer una queja, pues si no denunciamos públicamente estos atropellos a los derechos ciudadanos —y la función del Ararteko es precisamente esa—, todas estas ilegalidades quedan “en casa” y sólo las conocemos la Diputación, las personas perceptoras y las plataformas que tratamos estos temas. Además, en la medida en que se acumulen las quejas ante el Ararteko y en caso de que la Diputación se empeñe en seguir incumpliendo la ley, se abre la puerta a que podamos poner una denuncia por prevaricación contra la Diputación con mayores posibilidades de que sancionen a sus responsables retirándoles del cargo. En la página web de Argilan podéis encontrar un montón de información sobre cómo poner las alegaciones o recursos, modelos, etc.
5. Cuidado con los sms o “mensajes al móvil” enviados por Lanbide. Esto es algo nuevo, pero mucho nos tememos que tengan la intención de utilizar esos mensajes como prueba de que se ha notificado algo —una oferta de trabajo, por ejemplo— y como justificación para posibles suspensiones. Ante la duda, mejor pedir que nos borren el número de móvil de la base de datos y que todas las comunicaciones que nos dirijan sean siempre por escrito y mediante correo certificado. Más información: http://argilan-esk.org/?p=1051
6. Campaña del Partido Popular, el Negociado de Control en Inspección del Ayuntamiento de Bilbao y el diario El Correo “contra el fraude” y para “quitar las ayudas a los inmigrantes”, y propuestas de los distintos grupos parlamentarios ante la próxima Reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos. Sobre lo primero, se ha creado un nuevo blog que tiene por objeto precisamente discutir todo ese tipo de campañas intoxicadoras basadas en mentiras y falsedades en torno al “fraude”, y que se aprovechan del desconocimiento generalizado que hay en la sociedad sobre estas prestaciones [ver el blog: http://mientequealgoqueda.blogspot.com/]. Sobre las enmiendas presentadas por los grupos políticos a la reforma de la Ley, ver el resumen en http://argilan-esk.org/?p=1047
7. El próximo día 16 de junio finaliza el periodo máximo de un año que el Decreto de la RGI daba a las terceras (o sucesivas) unidades de convivencia en una vivienda y quienes tenían algún bien inmueble (terrenos de herencias, etc) para que “regularicen” su situación. Todavía son muchas las personas que no han podido desprenderse de esos inmuebles (normalmente de muy escaso valor, pero que por eso mismo nadie quiere ni regalados) o no han podido encontrar otro domicilio donde empadronarse, sobre todo en Bilbo donde el mercado de «alquiler con derecho a empadronamiento» está saturado. Desde Argilan consideramos inconcebible que, sabiendo esto, no se plantee desde las instituciones ampliar esa moratoria ya que en caso contraria se podría dejar a miles de personas sin ningún tipo de ingreso. La solución sería tan sencilla como aceptar como suficiente un documento o certificado que demuestre que ese inmueble está a la venta o que se está esperando a que los servicios públicos de vivienda les consigan un alojamiento alternativo, e incluso considerar la posibilidad de recurrir, como se ha hecho en otras ocasiones, a un empadronamiento colectivo en los servicios sociales; en cualquier caso, nunca el dejar de la noche a la mañana sin la RGI a unas personas que no disponen de ninguna otra fuente de ingresos y no han incurrido en ningún tipo de irregularidad ni “fraude”.
8. Otros temas: Empresas de inserción, Lanbide eta Hizkuntza Eskubideak, Umbral de pobreza, corrupción y fraude fiscal, recortes en pensiones y servicios sociales, Bilbogune, etc… En las páginas web de los colectivos sociales (Argilan, Berriotxoak, Elkartzen, etc) podéis encontrar un montón de noticias más que, aunque no estén directamente relacionadas con las prestaciones, sí que lo están de manera más o menos indirecta, en tanto en cuanto van dirigidas a garantizar el mantenimiento de los servicios sociales y el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.
POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE: La información y la reflexión son necesarias, pero no sirven de mucho si no van unidas de la organización y la movilización. En este sentido:
Hacemos como siempre un llamamiento a ponerse en contacto y colaborar de alguna manera con cualquiera de los colectivos sociales que desde hace muchos años venimos peleando por el respeto del derecho fundamental a tener los recursos suficientes para una vida digna: Argilan (Bilbo), Berriotxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo. Además, la Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales se reúne todos los lunes a las 7h de la tarde en el centro cívico La Bolsa de Bilbao (c/Pelota, 10) y tiene un punto de información todos los miércoles de 11 a 12h. —y a veces también los días de pago— en Nicolás Alkorta, para informar a la gente que acude a preguntar por qué no ha cobrado, que lamentablemente suele ser mucha.
En cualquier caso, todo lo que está ocurriendo pone en evidencia el fracaso de un modelo de “garantía de rentas” que no sólo no las garantiza sino que genera multitud de injusticias y que se perpetúe la pobreza entre algunas personas. Por eso insistimos en la necesidad de abrir un debate en serio en nuestra sociedad sobre otro tipo de propuestas, como la propuesta de Elkartzen en torno al Umbral de Pobreza [ver http://elkartzenbilbo.blogspot.com/p/pobreziaren-muga.html] o la propuesta de una Renta Básica de Ciudadanía universal e incondicional [ver http://www.redrentabasica.org/]
Iñaki C. (Argilan - Bilbo)
11 de mayo de 2011
Una menor lleva 30 días retenida en la sala de inadmitidos de Barajas
Una joven de unos 16 años se ha convertido en la persona que más ha permanecido en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Madrid-Barajas. La mujer, de nacionalidad nigeriana, llegó hace 30 días a España, pero la policía no la dejó entrar en el país porque llevaba un pasaporte español falsificado. Ahora, la Delegación del Gobierno le ha concedido un periodo llamado de reflexión de otros 30 días, tras denunciar que era víctima de una red de trata de mujeres que la iba a obligar a prostituirse.
La joven llegó a Barajas el pasado 1 de abril en un vuelo procedente de Rumanía, adonde había llegado desde Nigeria. La policía inició los trámites de expulsión de España, pero el abogado de oficio que la asesoró consiguió parar la expulsión, ya que se trataba de una menor. Las pruebas radiológicas y de vello púbico y axilar practicadas por la forense arrojaron que la mujer tenía una edad de 18 años. Sin embargo, no aplicó la instrucción del Ministerio del Interior que obliga a introducir posibles márgenes de error en el cálculo de la edad. La joven mantuvo en todo momento que había nacido en 1995, por lo que tiene 16 años.
A través de su abogado, el pasado 3 de abril pidió el asilo con ayuda, ya que carece de recursos para vivir por sus medios. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR) y el Defensor del Pueblo solicitaron que se le concediera protección. La Delegación de Gobierno en Madrid reconoció que era víctima de una red de explotación sexual. En la decisión ha mediado también el Ministerio de Igualdad, según explicó un portavoz de la delegación gubernamental en Madrid.
Hasta la fecha ninguna persona había permanecido tanto tiempo en la sala de inadmitidos de Barajas, según confirmaron ayer fuentes policiales.
Una especialista en redes de explotación a mujeres entrevistó a la joven nigeriana en la sala de inadmitidos para elaborar un informe favorable a su permanencia en España.
Según el relato de la adolescente, su periplo por varios países comenzó al morir su madre. Al quedar huérfana, se trasladó a vivir con su tía. Pero meses después fue expulsada de la casa por haberse quedado embarazada.Según aseguró la joven, en casa de su tía había sido víctima de abusos sexuales por parte de la pareja de su tía, responsable de su embarazo. Sin hogar, quedó en la más absoluta indigencia hasta el punto de tener que alimentarse de los restos de comida que lograba recoger de la basura.
En esa situación desesperante, explicó la menor, un hombre le ofreció ayuda a cambio de que trabajase para él en España. La sometió incluso a un aborto ilegal que le produjo una fuerte hemorragia y que la obligó a tener que ingresar en un centro hospitalario.
Según informó ayer la cadena SER, antes de abandonar Nigeria la chica fue sometida a un rito de vudú y le informaron de que había contraído una deuda de 55.000 euros con la organización que la iba a llevar hasta Madrid.
La mujer también relató en la entrevista con la experta española que fue ese mismo hombre que le había ofrecido ayuda el que la trasladó al aeropuerto de la antigua capital nigeriana Lagos. Desde allí emprendió el viaje a Rumanía donde continuó su calvario. Allí la joven fue mantenida bajo secuestro por un miembro de la red que la violó en numerosas ocasiones. Hasta que por fin, su captor la llevó de nuevo al aeropuerto de Timisoara donde la informó de que su gente estaba esperándola en el de Barajas, adonde viajó sola.
Según relató a la especialista, contratada como asesora externa del Defensor del Pueblo, por primera vez oyó términos como madame o mami, que le hicieron sospechar de que iba a ser obligada a prostituirse nada más aterrizar en la capital española.
En el informe basado en este relato se subraya que "esa niña" detenida en Barajas no está capacitada para comprar un pasaporte español, pagar billetes de avión y llegar hasta Madrid por sí sola. También se destaca que hay zonas de África donde la trata es "endémica y que Nigeria es el caso más clamoroso".
Al aeropuerto de Barajas también acudieron agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Su intención era interrogar a la joven, pero el comisario jefe de Barajas no permitió la entrada a estos funcionarios. Esta labor la hicieron sus propios agentes que concluyeron que no había indicios de trata de mujeres.
La entrevista posterior de la especialista comisionada por el Defensor del Pueblo llegó a una conclusión radicalmente opuesta. Su informe fue remitido a la Fiscalía General del Estado, a la Comisaría General de Extranjería y a la Delegación del Gobierno con la solicitud de que se le concediese el periodo de restablecimiento y reflexión.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha respondido positivamente a esta petición por lo que la joven dispondrá de 30 días en los que podrá moverse libremente por España, según un portavoz de este organismo. La delegada del Gobierno, Dolores Carrión, ha estado muy pendiente de este caso, al igual que los responsables del Ministerio de Igualdad. Carrión también ha solicitado a los integrantes de la UCRIF, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que seleccionen una organización no gubernamental o un colectivo que trabaje con mujeres obligadas a prostituirse para que proteja a la joven de la mafia que la captó.
La sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas es un centro de estancia en el que permanecen los extranjeros que no cumplen los requisitos de entrada, entre los que se encuentran la carta de invitación de personas residentes en España. Se trata de un lugar con camas en el que solo pueden permanecer 72 horas como máximo. En ese periodo tiene que solucionarse su problema, lo que supone la repatriación o la concesión del permiso de entrada en el país.
En caso de rechazo, los viajeros tienen que ser puestos a disposición del juzgado de guardia. Este será el que determine si la situación puede ser prorrogada por más tiempo (lo que ocurrió en el caso de la joven nigeriana) o, por el contrario, deben ser expulsados.
Fuente: El País (vía Colectivo Hetaira)
Una ONG protegerá a la víctima nigeriana en este periodo
A través de su abogado, el pasado 3 de abril pidió el asilo con ayuda, ya que carece de recursos para vivir por sus medios. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR) y el Defensor del Pueblo solicitaron que se le concediera protección. La Delegación de Gobierno en Madrid reconoció que era víctima de una red de explotación sexual. En la decisión ha mediado también el Ministerio de Igualdad, según explicó un portavoz de la delegación gubernamental en Madrid.
Hasta la fecha ninguna persona había permanecido tanto tiempo en la sala de inadmitidos de Barajas, según confirmaron ayer fuentes policiales.
Una especialista en redes de explotación a mujeres entrevistó a la joven nigeriana en la sala de inadmitidos para elaborar un informe favorable a su permanencia en España.
Según el relato de la adolescente, su periplo por varios países comenzó al morir su madre. Al quedar huérfana, se trasladó a vivir con su tía. Pero meses después fue expulsada de la casa por haberse quedado embarazada.Según aseguró la joven, en casa de su tía había sido víctima de abusos sexuales por parte de la pareja de su tía, responsable de su embarazo. Sin hogar, quedó en la más absoluta indigencia hasta el punto de tener que alimentarse de los restos de comida que lograba recoger de la basura.
En esa situación desesperante, explicó la menor, un hombre le ofreció ayuda a cambio de que trabajase para él en España. La sometió incluso a un aborto ilegal que le produjo una fuerte hemorragia y que la obligó a tener que ingresar en un centro hospitalario.
Según informó ayer la cadena SER, antes de abandonar Nigeria la chica fue sometida a un rito de vudú y le informaron de que había contraído una deuda de 55.000 euros con la organización que la iba a llevar hasta Madrid.
La mujer también relató en la entrevista con la experta española que fue ese mismo hombre que le había ofrecido ayuda el que la trasladó al aeropuerto de la antigua capital nigeriana Lagos. Desde allí emprendió el viaje a Rumanía donde continuó su calvario. Allí la joven fue mantenida bajo secuestro por un miembro de la red que la violó en numerosas ocasiones. Hasta que por fin, su captor la llevó de nuevo al aeropuerto de Timisoara donde la informó de que su gente estaba esperándola en el de Barajas, adonde viajó sola.
Según relató a la especialista, contratada como asesora externa del Defensor del Pueblo, por primera vez oyó términos como madame o mami, que le hicieron sospechar de que iba a ser obligada a prostituirse nada más aterrizar en la capital española.
En el informe basado en este relato se subraya que "esa niña" detenida en Barajas no está capacitada para comprar un pasaporte español, pagar billetes de avión y llegar hasta Madrid por sí sola. También se destaca que hay zonas de África donde la trata es "endémica y que Nigeria es el caso más clamoroso".
Al aeropuerto de Barajas también acudieron agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Su intención era interrogar a la joven, pero el comisario jefe de Barajas no permitió la entrada a estos funcionarios. Esta labor la hicieron sus propios agentes que concluyeron que no había indicios de trata de mujeres.
La entrevista posterior de la especialista comisionada por el Defensor del Pueblo llegó a una conclusión radicalmente opuesta. Su informe fue remitido a la Fiscalía General del Estado, a la Comisaría General de Extranjería y a la Delegación del Gobierno con la solicitud de que se le concediese el periodo de restablecimiento y reflexión.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha respondido positivamente a esta petición por lo que la joven dispondrá de 30 días en los que podrá moverse libremente por España, según un portavoz de este organismo. La delegada del Gobierno, Dolores Carrión, ha estado muy pendiente de este caso, al igual que los responsables del Ministerio de Igualdad. Carrión también ha solicitado a los integrantes de la UCRIF, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que seleccionen una organización no gubernamental o un colectivo que trabaje con mujeres obligadas a prostituirse para que proteja a la joven de la mafia que la captó.
La sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas es un centro de estancia en el que permanecen los extranjeros que no cumplen los requisitos de entrada, entre los que se encuentran la carta de invitación de personas residentes en España. Se trata de un lugar con camas en el que solo pueden permanecer 72 horas como máximo. En ese periodo tiene que solucionarse su problema, lo que supone la repatriación o la concesión del permiso de entrada en el país.
En caso de rechazo, los viajeros tienen que ser puestos a disposición del juzgado de guardia. Este será el que determine si la situación puede ser prorrogada por más tiempo (lo que ocurrió en el caso de la joven nigeriana) o, por el contrario, deben ser expulsados.
Fuente: El País (vía Colectivo Hetaira)
2 de mayo de 2011
Manifiesto contra el Test de la Vida Real
Manifiesto contra el Test de la Vida Real
Es un caso extremo, pero no único, que materializa lo que es el binarismo y la esperanza de que se vea que la realidad es el No-binario.
Empieza por la opresión que sufre una persona transexual a la que se le amenaza con impedirle seguir el tratamiento si no obedece a los estereotipos más convencionales de género, pero se abre a que todos, todas y todes, podamos reflexionar sobre la gama de condicionamientos que hemos interiorizado por el estricto Código de Género, binario y penal.
¡Se puede ser muy masculino, se puede ser muy femenina, pero no a la fuerza, no excluyendo cualquier matiz personal! ¡Se puede ser ambiguo, y que no te obliguen, so pena de mil sufrimientos, a no adaptarte a uno de los dos estereotipos!
Empieza por la opresión que sufre una persona transexual a la que se le amenaza con impedirle seguir el tratamiento si no obedece a los estereotipos más convencionales de género, pero se abre a que todos, todas y todes, podamos reflexionar sobre la gama de condicionamientos que hemos interiorizado por el estricto Código de Género, binario y penal.
¡Se puede ser muy masculino, se puede ser muy femenina, pero no a la fuerza, no excluyendo cualquier matiz personal! ¡Se puede ser ambiguo, y que no te obliguen, so pena de mil sufrimientos, a no adaptarte a uno de los dos estereotipos!
Para adherirse, se puede enviar
Nombre
DNI
En su caso, organización y cargo
Población
A la dirección: transiya@yahoo.es
Si se observa cualquier falta o error en la lista, por favor, escriban para corregirlo a la misma dirección.
MANIFIESTO CONTRA EL TEST DE LA VIDA REAL
El sistema de salud público de la Comunidad de Madrid alberga, todavía hoy, en pleno S. XXI, tras décadas de lucha feminista y del movimiento GLBT, un reducto en el que el binarismo de género y los más rancios tópicos y estereotipos de género se imponen con la violencia de una coacción sobre los cuerpos y las identidades de las personas transexuales.
Este reducto es la mal llamada Unidad de “Trastornos” de Identidad de Género (UTIG), cuyo equipo médico, liderado por el Dr. Antonio Becerra, especialista en Endocrinología, llega a ejercer de hecho, no sólo como policía, sino como tirano del género, con capacidad para imponer a sus pacientes una forma de vestir, comportarse o relacionarse en su entorno familiar y laboral, bajo amenaza de no permitirles el acceso a tratamientos tales como la hormonación o las cirugías si no cumplen con sus exigencias.
Como excusa para imponer esa tiranía utilizan el “test de la vida real” (TVR), práctica que ha sido amplia y reiteradamente reconocida como obsoleta y no exigible, remozada ahora, en un torpe intento de disimulo que a nadie engaña, con el nombre de “experiencia de la vida real” (EVR), que se convierte fácilmente en una voluntad de vida irreal.
La EVR consiste en exigir a cada paciente que asuma el rol del género elegido como condición imprescindible antes de ser consideradx idónex para someterse a la cirugía de reconstrucción genital. Para ello se requiere que adapten su comportamiento a los criterios y prejuicios arbitrarios de lo que, en opinión de quienes forman parte del equipo médico, debe ser una mujer o un hombre, dictándoles unas pautas de comportamiento a seguir en ámbitos de la más estricta intimidad personal, como es el familiar, o en el ámbito laboral. Se toma un estilo convencional de ropa y arreglo como el único aceptable, excluyendo las preferencias y las adaptaciones personales. En el caso de las mujeres, se les indica explícitamente que deben adquirir la ropa en tiendas de mujer, o en la sección femenina de las tiendas mixtas, prefiriendo las faldas a los pantalones, y las prendas ajustadas y escotadas a las amplias y ambiguas, exigiendo la utilización de bolsos, maquillaje y tintes de pelo, descartando la utilización de mochilas, señalando que, además, el resultado conjunto debe darles, al equipo, la impresión subjetiva de que se está ante una mujer, y llegando incluso al extremo de permitirse hacer observaciones respecto a la adecuada proporción del tamaño de los senos.
Además, se suma la opacidad inesperada e inaceptable de un sistema de salud público que no garantiza sin embargo que a lxs pacientes les sean facilitados por escrito los protocolos médicos, cerrándoles toda vía de reclamación en el caso de que las prácticas médicas no se adecuen a dichos protocolos, o en el caso de que los protocolos vulneren sus derechos, por no poder apoyar sus reclamaciones en ninguna prueba excepto su propio testimonio. Esta situación de indefensión deja a las personas trans a merced de los caprichos de unos médicos con una concepción binarista, anticuada y sexista de lo que es un hombre y una mujer. Por todo ello, lxs pacientes de todas las U “T” IG del Estado Español, y en concreto de la UAIG de Madrid, temen que si protestan o se enfrentan a lxs facultativxs, se les denegará, en represalia, el acceso a los tratamientos, o que este será pospuesto una y otra vez de manera indefinida con cualquier excusa.
Después de décadas de la lucha feminista y del movimiento GLBT, estamos cansadxs de que los cuerpos en transición, continúen siendo el campo de batalla por la lucha de la supremacía heteropatriarcal y binaria. Estamos cansadxs de la colonización de nuestros cuerpos e identidades, de que se nos nieguen derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, el honor, la intimidad y la propia imagen. Estamos hartxs de que se nos arrebate la autonomía y el control de nuestros cuerpos si no es para encarnar a través de ellos la imagen de la virgen, la madre, la amante esposa, el descanso del guerrero, la esclava, la sierva o la seductora.
Por todo ello exigimos:
- Eliminación del test o experiencia de la vida real, o cualquier otro requisito previo al acceso a los tratamientos médicos que impida a lxs pacientes el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos tanto por la Constitución como por cualquier otra disposición normativa.
- Que las U “T” IG dejen de ser lugares de vigilancia, adoctrinamiento e imposición del género binario, incluyendo el cese de la violencia de las coacciones normativas ejercida sobre aquellas personas con identidades de género no binarias.
- Que se retire a los equipos médicos de las U “T” IG la atribución del papel de juez, juradx y verdugx en todo lo referente a las decisiones sobre el cuerpo de las personas trans, considerando que lxs únicxs legitimados para decidir son, precisamente, lxs destinatarixs de dichos tratamientos.
- Que se facilite a lxs pacientes trans lo que sí necesitan: acompañamiento, apoyo e información a lo largo de su proceso de transición, posibilitando la toma de decisiones meditadas, con autonomía y libertad.
- Información veraz, completa, y precisa, en términos comprensibles para cualquiera que carezca de conocimientos médicos, de los protocolos a seguir en las UTIG, garantizando que dicha información se proporcionará a los pacientes de forma oral en todo caso, y por escrito siempre que así lo soliciten
El sistema de salud público de la Comunidad de Madrid alberga, todavía hoy, en pleno S. XXI, tras décadas de lucha feminista y del movimiento GLBT, un reducto en el que el binarismo de género y los más rancios tópicos y estereotipos de género se imponen con la violencia de una coacción sobre los cuerpos y las identidades de las personas transexuales.
Este reducto es la mal llamada Unidad de “Trastornos” de Identidad de Género (UTIG), cuyo equipo médico, liderado por el Dr. Antonio Becerra, especialista en Endocrinología, llega a ejercer de hecho, no sólo como policía, sino como tirano del género, con capacidad para imponer a sus pacientes una forma de vestir, comportarse o relacionarse en su entorno familiar y laboral, bajo amenaza de no permitirles el acceso a tratamientos tales como la hormonación o las cirugías si no cumplen con sus exigencias.
Como excusa para imponer esa tiranía utilizan el “test de la vida real” (TVR), práctica que ha sido amplia y reiteradamente reconocida como obsoleta y no exigible, remozada ahora, en un torpe intento de disimulo que a nadie engaña, con el nombre de “experiencia de la vida real” (EVR), que se convierte fácilmente en una voluntad de vida irreal.
La EVR consiste en exigir a cada paciente que asuma el rol del género elegido como condición imprescindible antes de ser consideradx idónex para someterse a la cirugía de reconstrucción genital. Para ello se requiere que adapten su comportamiento a los criterios y prejuicios arbitrarios de lo que, en opinión de quienes forman parte del equipo médico, debe ser una mujer o un hombre, dictándoles unas pautas de comportamiento a seguir en ámbitos de la más estricta intimidad personal, como es el familiar, o en el ámbito laboral. Se toma un estilo convencional de ropa y arreglo como el único aceptable, excluyendo las preferencias y las adaptaciones personales. En el caso de las mujeres, se les indica explícitamente que deben adquirir la ropa en tiendas de mujer, o en la sección femenina de las tiendas mixtas, prefiriendo las faldas a los pantalones, y las prendas ajustadas y escotadas a las amplias y ambiguas, exigiendo la utilización de bolsos, maquillaje y tintes de pelo, descartando la utilización de mochilas, señalando que, además, el resultado conjunto debe darles, al equipo, la impresión subjetiva de que se está ante una mujer, y llegando incluso al extremo de permitirse hacer observaciones respecto a la adecuada proporción del tamaño de los senos.
Además, se suma la opacidad inesperada e inaceptable de un sistema de salud público que no garantiza sin embargo que a lxs pacientes les sean facilitados por escrito los protocolos médicos, cerrándoles toda vía de reclamación en el caso de que las prácticas médicas no se adecuen a dichos protocolos, o en el caso de que los protocolos vulneren sus derechos, por no poder apoyar sus reclamaciones en ninguna prueba excepto su propio testimonio. Esta situación de indefensión deja a las personas trans a merced de los caprichos de unos médicos con una concepción binarista, anticuada y sexista de lo que es un hombre y una mujer. Por todo ello, lxs pacientes de todas las U “T” IG del Estado Español, y en concreto de la UAIG de Madrid, temen que si protestan o se enfrentan a lxs facultativxs, se les denegará, en represalia, el acceso a los tratamientos, o que este será pospuesto una y otra vez de manera indefinida con cualquier excusa.
Después de décadas de la lucha feminista y del movimiento GLBT, estamos cansadxs de que los cuerpos en transición, continúen siendo el campo de batalla por la lucha de la supremacía heteropatriarcal y binaria. Estamos cansadxs de la colonización de nuestros cuerpos e identidades, de que se nos nieguen derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, el honor, la intimidad y la propia imagen. Estamos hartxs de que se nos arrebate la autonomía y el control de nuestros cuerpos si no es para encarnar a través de ellos la imagen de la virgen, la madre, la amante esposa, el descanso del guerrero, la esclava, la sierva o la seductora.
Por todo ello exigimos:
- Eliminación del test o experiencia de la vida real, o cualquier otro requisito previo al acceso a los tratamientos médicos que impida a lxs pacientes el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos tanto por la Constitución como por cualquier otra disposición normativa.
- Que las U “T” IG dejen de ser lugares de vigilancia, adoctrinamiento e imposición del género binario, incluyendo el cese de la violencia de las coacciones normativas ejercida sobre aquellas personas con identidades de género no binarias.
- Que se retire a los equipos médicos de las U “T” IG la atribución del papel de juez, juradx y verdugx en todo lo referente a las decisiones sobre el cuerpo de las personas trans, considerando que lxs únicxs legitimados para decidir son, precisamente, lxs destinatarixs de dichos tratamientos.
- Que se facilite a lxs pacientes trans lo que sí necesitan: acompañamiento, apoyo e información a lo largo de su proceso de transición, posibilitando la toma de decisiones meditadas, con autonomía y libertad.
- Información veraz, completa, y precisa, en términos comprensibles para cualquiera que carezca de conocimientos médicos, de los protocolos a seguir en las UTIG, garantizando que dicha información se proporcionará a los pacientes de forma oral en todo caso, y por escrito siempre que así lo soliciten
Por indicación de un compañero, se guardan los números de los documentos de identidad en privado, para que quede constancia de las identidades, pero se omiten en público, por prudencia. En caso de omisión u otro error, se agradecería que se comunicase a esta dirección para rectificarlo. Muchas gracias.
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